El juez de lo Contencioso Administrativo Alejandro Martínez de las Heras responsabilizó a ambos organismos por "falta de servicio" ante la omisión en el control de la empresa, y ordenó indemnizar a cuatro inversores con US$ 25.000 cada uno.
La justicia condenó al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y al Banco Central del Uruguay (BCU) a indemnizar a cuatro inversores de República Ganadera SRL por el daño que, según la sentencia, provocó el Estado al incumplir sus potestades de control sobre la empresa, según publicó El Observador.
Los damnificados habían reclamado un total de US$ 269.542 más intereses y un 20% adicional por "pérdida de chance", pero el juez limitó la condena a US$ 25.000 por inversor, el monto efectivamente invertido según las facturas de pago, y rechazó tanto el concepto de pérdida de chance como el pago de costas y costos.
Sobre el MGAP, el fallo sostiene que el ministerio estuvo omiso en sus "cometidos de registro, contralor y fiscalización" sobre el ganado bovino, pese a que la ley del Sistema de Identificación y Registro Animal le asigna esas potestades como un "poder-deber" ante señales de irregularidades.
El juez consideró que, al no garantizar la veracidad del sistema, el ministerio "defraudó la confianza legítima" de quienes basaron sus negocios en esa información estatal, y encontró un nexo causal directo entre esa omisión y las pérdidas de los inversores.
En el caso del BCU, la sentencia recuerda que el organismo investigó a la empresa desde 2018 y determinó que captaba ahorro público sin autorización, pero se limitó a ordenar el cese de la publicidad en lugar de clausurar la operativa, sancionar o denunciar penalmente. Para el juez, esa pasividad permitió que se mantuviera una "apariencia de licitud", ya que la captación de fondos siguió produciéndose en los hechos.
El fallo estableció que ambos organismos son solidariamente responsables, aunque aclaró que se deberán descontar los montos que los inversores lleguen a cobrar en el proceso concursal de República Ganadera, para evitar una doble indemnización. Se espera que la sentencia sea apelada por el MGAP y el BCU.
